Los provedores de internet tendrán que dar los datos de sus clientes
Titulares de derechos de autor denuncian a miles de internautas
Además, el Parlamento Europeo ha aprobado el 'Informe Gallo'
En España, mañana llega al Parlamento la Ley Antidescargas
RTVE.es
22.09.2010 - 13:16h
La polémica ley francesa de los tres avisos, o 'Ley Hadopi', como es conocida popularmente, ha puesto en marcha sus mecanismos para identificar a los usuarios de Internet que descarguen material protegido con 'copyright'.
De esta manera, los titulares de derechos de autor han comenzado a enviar decenas de miles de direcciones IP de los presuntos infractores a los proveedores de servicios de Internet (ISP), de los cuales son clientes.
Los proveedores de Internet tendrán que dar los datos de sus clientes
Los proveedores de Internet tendrán la tarea de identificar los nombres, direcciones, correos electrónicos y números de teléfono de los presuntos infractores, es decir, sus propios clientes.
En caso de no hacerlo dentro de 8 días, corren el riesgo de una multa de 1.500 euros por día por cada IP no identificada.
Bajo la nueva 'Ley Hadopi', los presuntos infractores de derechos de autor serán identificados por sus propios proveedores de Internet hasta tres veces, momento en el cual se informará a un juez, que revisará el caso y dictará sanciones que irán desde multas hasta la desconexión de la conexión a Internet del infractor.
Este es el paso final antes de que los presuntos infractores que intercambian ficheros reciban la primera de las tres cartas de advertencia. El envío comenzará paulatinamente pero en cuestión de semanas se espera que este número suba a 150.000 direcciones IP por día.
El 'Informe Gallo'
La batalla contra las descargas se recrudece en Europa. Precisamente hoy se ha aprobado en el Parlamento Europeo la iniciativa conocida como 'Informe Gallo' impulsada por Francia.
Servirá de hoja de ruta para los futuros debates en el seno de Europa sobre las medidas a adoptar contra los que vulneren la propiedad intelectual. Los europarlamentarios han aprobado la adopción del informe con 328 votos a favor y 245 en contra.
Sirve como hoja de ruta sobre las medidas a adoptar en favor del copyright
El 'Informe Gallo' es una iniciativa de carácter no legislativo. Funciona como consejo para todos los estados miembros de Europa y ofrece a los gobiernos locales y grupos de presión un trampolín para impulsar medidas contra la piratería como el ACTA (Acuerdo Comercial Antifalsificación que incluye el ámbito de internet), considerado positivo por los autores del informe.
La iniciativa propuesta por Marielle Gallo, eurodiputada francesa por el partido del presidente de la república, Nicolas Sarkozy, ofrece consejos para "completar el marco legislativo e introducir un conjunto de medidas para combatir las infracciones de propiedad intelectual".
La 'Ley Sinde' llega al Parlamento
Mañana jueves se votará en el Congreso el texto de la Ley de Economía Sostenible, que incluye la polémica Disposición Final Segunda, también conocida como Ley Sinde o Ley Antidescargas (ver texto íntegro en pdf.)
El texto que prevé el cierre de webs que vulneren la propiedad intelectual, fue anunciada hace ya nueve meses. Sin embargo, pese a las intenciones de Cultura de acelerar el proceso lo máximo posible, su aprobación todavía no se ha consumado.
La norma equipara la protección intelectual con un derecho fundamental, un aspecto que fue cuestionado por el Consejo Fiscal, órgano asesor del Fiscal General del Estado.
También contempla el concepto de "daño patrimonial", que permitiría el cierre de webs por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura.
El proceso que se seguirá en España
Las claves de la Ley Antidescargas
La Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura será la que reciba una denuncia de un autor o particular contra una web de descargas. En esta Comisión estarán presentes miembros de la industria cultural.
Posteriormente se advertirá al propietario de la página denunciada de que debe retirar los enlaces o contenidos que según la comisión violan la propiedad intelectual.
Si la página web no retirara los contenidos considerados ilegales, la Comisión acudirá a la Audiencia Nacional, en particular los juzgados centrales de lo Contencioso administrativo, que deberá decidir en un máximo de cuatro días sobre el cierre.
